Por Erick Cornelio Patricio
Al hablar de defensa de derechos humanos en materia migratoria es común referenciar a las organizaciones religiosas a través de las casas de migrantes, albergues o refugios ubicados en las fronteras o en ciudades de principal afluencia de flujos migratorios en México. Estos espacios se conciben como un santuario de asistencia y protección de personas migrantes, precisamente en ese orden de acción.
Los albergues utilizan estrategias de resistencia para interpelar todos los ejercicios de abuso de poder por parte de las autoridades y de los grupos del crimen organizado, pues los directores de estos albergues han recibido múltiples amenazas de muerte en busca de detener su activismo social y político de defensa en contra de las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos de los migrantes (Castro y Castro, 2020). La defensa que se gesta dentro de estos espacios consiste en al menos tres aspectos principales: a) asistencia de necesidades físicas, b) asistencia jurídica, c) activismo político y social.
Una vez satisfechas estas necesidades físicas, el siguiente paso es entrevistarse con el área de asistencia legal donde el personal busca identificar si las personas han iniciado un procedimiento migratorio o solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en el caso que lo hayan iniciado en una Estación Migratoria se da seguimiento y asesoría al respecto; sin embargo, si no lo ha iniciado se les ofrece la asistencia jurídica para llevar a cabo algún trámite específico.
Los albergues en ocasiones se ven limitados por cuestiones de presupuesto y personal para representar a las personas migrantes en asuntos como juicios de nulidad por la negativa de reconocimiento de refugiado; violaciones de derechos humanos como extorsión, trata y tráfico de personas, violación sexual, discriminación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y otros; juicios de amparo por la dilación procesal en los trámites migratorios; y otras formas de violentar los derechos de los migrantes. Por lo que se opta por canalizar estos asuntos a organizaciones como Asylum Access y la Defensoría Pública del Estado.
En cuanto, al activismo político y social, las organizaciones religiosas mediante los albergues se han caracterizado por su impulso en visibilizar la situación de las graves violaciones de derechos humanos, a pesar de los recurrentes acontecimientos donde se resultan migrantes heridos, discriminados, o secuestrados, la sociedad local es empática a estas vulnerabilidades. Estos espacios organizan y hacen explícitos sus discursos públicos de resistencia en manifestaciones contra la policía, crimen organizado, y particulares por sus acciones u omisiones frente a los sectores más vulnerables (Castro y Castro, 2020).
La información, atención y asesorías son armas importantes en la defensa de derechos humanos para que las personas migrantes logren una inserción más segura en espacios locales como las ciudades fronterizas en el sur (Castro y Castro, 2020). Los elementos aportados por los albergues permiten que los migrantes obtengan herramientas para hacer frente a la vulnerabilidad a la que son sumergidos por un sistema de represión a los extranjeros centroamericanos, y ayuda a equilibrar los factores de poder.
Para las organizaciones religiosas, el lenguaje, la expresión y la lucha de los derechos humanos es la experiencia de Dios, abrazan los derechos humanos como una expresión secular del compromiso con los pobres, que viene desde su cosmovisión teológica católica (Frank-Vitale, 2015). La doctrina católica religiosa ha emprendido la tarea de apoyar y defender la integridad de las personas migrantes incluso arriesgando su propia seguridad frente a las cúpulas del poder y la delincuencia organizada (Castro y Castro, 2020).
La defensa emerge como un mecanismo de protección para las personas migrantes y solicitantes de refugio, que si bien es cierto está establecida en espacios de origen religioso, la atención procura ser integral pasando desde aspectos de salud hasta aspectos relacionados a la política pública. Los protagonistas de esta defensa cuentan con una convicción espiritual, pero al mismo tiempo social con enfoque de derechos humanos.
El papel de las organizaciones religiosas en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur de México es fundamental y de vital importancia en las dinámicas migratorias de nuestro país. La frontera cuenta con una caracterización especial en la cual las organizaciones religiosas participan mediante una visión de amor al prójimo y justicia social.
La frontera olvidada, la frontera geopolíticamente inferior ha recobrado un lugar de interés para las agendas gubernamentales, sin embargo, las violaciones de derechos humanos a migrantes persisten, y son precisamente los albergues que se dedican a tiempo completo a atender estas violaciones, canalizarlas y alzar la voz para que la atención y los programas migratorios se centren en una movilidad segura, libre y ordenada.
A pesar del establecimiento de estas organizaciones como defensoras de derechos humanos, la violencia sigue incrementando y la apatía de la población, los gobiernos, las universidades y centros educativos aleja cada vez más a estos espacios del blindaje social que requiere. Hay grandes retos, pero también muchas oportunidades para derribar los muros y erguir puentes entre la paz y el respeto de derechos humanos.
REFERENCIAS
Castro Garcés, A. P. y Castro Domingo, P. (2020). La 72, Hogar-refugio para personas migrantes: la sociedad civil organizada en la atención de la agenda de los transmigrantes en la frontera México-Guatemala. Revista Pueblos y fronteras digital, 15(2020), 1-33.
Frank-Vitale, A. (2015). “Fui migrante y me hospedaron”: las respuestas de la Iglesia católica ante la violencia contra los migrantes centroamericanos en México. En A. Wilde (ed.). Las iglesias ante la violencia en América Latina. Los derechos humanos en el pasado y el presente. Flacso México. 427-450.
Comments