Por Sylvia Aylin Olvera Pérez
Parece ser que el año 2023 no ha recibido calurosamente a la SCJN, y es que, en los últimos días, se ha visto presa del ojo y la crítica pública por poco y nada más que de ser acusada de ilegitimidad en el cargo de uno de sus actuales miembros. Si, a estas alturas, todos sabemos que el nombre detrás de esta honorable presentación corresponde a la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa. (Hoy aún Ministra de la SCJN.)
El motivo de la polémica que rodea a este personaje es ya bastante conocido y comentado por todos. Este drama mexicano que comenzó el 23 diciembre en “Latinus” bajo la pluma de Guillermo Sheridan y que ha entretenido a los medios de comunicación con tantas versiones y declaraciones, al parecer tiene su final, y no precisamente feliz…
La UNAM, a través de La FES (Facultad de Estudios Superiores) Aragón informó el pasado 11 de enero que la tesis con la que Esquivel Mossa obtuvo su titulación, es una copia sustancial de la publicada en 1986 por el exalumno Édgar Ulises Báez, confirmando así EL PLAGIO, cometido por “la ministra pasante”. Esta noticia vino a abrir la caja de pandora en las instituciones involucradas, y vaya que se han desatado los males, porque a pesar de que pasan los días después de transcurrida la noticia que confirma el plagio, parecen no existir sanciones en contra de Mossa. Es más, tanto la UNAM en el boletín declarado por Enrique Graue, como la propia SCJN se han confesado incapaces de resolver este rompecabezas jurídico. Al parecer por su legislación y en el ejercicio de sus facultades, ninguna puede hacerse cargo de emprender acciones, ni iniciar algún tipo de procedimiento que resuelva acabar con el desprestigio que esto ha traído a todo el país.
A estas alturas, y con los grandes monstruos institucionales ajenos al problema, los expertos juristas y analistas han determinado un par de posibles soluciones que conduzcan a la sanción de Esquivel Mossa.
La primera de ellas, ya tuvo lugar y fue presentada Abraham Moisés Cano Díaz, en su calidad de abogado, así como por Germán Martínez, senador de la república, y consiste en una solicitud ante la Cámara de Diputados para llamar a Esquivel Mossa a Juicio Político; procedimiento que se realiza a cargo de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y se puede solicitar contra algún servidor público cuando se considera que éste ha caído en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos, por violaciones graves a la Constitución, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales y que es a todas luces procedente por que constitucionalmente la ciudadana Yasmin Esquivel Mossa, no acredita uno de los requisitos para ser Ministro de la SCJN (ser licenciado en Derecho). Y la segunda, corresponde a la Secretaria de Educación Pública, quien, a través de la Dirección General de Profesiones en Procedimiento Administrativo, puede resolver la nulidad del título de licenciatura de Mossa, lo anterior de por no cumplir con los requisitos de validez.
Si bien ambas soluciones son caminos jurídicos prometedores, y vías adecuadas y válidas para la justicia que se reclama en contra de la “ministra pasante”, en lo personal me preocupa un poco su realización.
De la primera que es el juicio político, creo que el tiempo es un factor que juega en contra, por la prolongada demora que supone mientras el problema sigue latente, es decir, en lo que llega - si es que sucede-, su destitución, tendríamos ministra para rato, basta que recuerden el caso de Lorenzo Córdova, que los meses van y sigue en la sala de espera.
En cuanto a la segunda, que corresponde a la Dirección General de Profesiones el hecho de no pronunciarse aun en el caos mediático de la noticia, de alguna manera me sugiere la complicidad con el resto de las instituciones y el gobierno, y es que creo que muchas señales se nos han dado de que Mossa es un caso especial, uno de esos cuantos intocables hijos del nepotismo; una pieza importante en el acertijo político actual y una figura que nos llevará un tiempo derribar.
La “ministra pasante” es una representación actual de lo que está mal en el país, de los sucias que pueden estar las instituciones y como a pesar de existir Derecho siguen nombrando como carencias normativas a su falta de acción y la complicidad de sus intereses, este caso como muchos más es un llamado urgente de lo que tenemos que combatir como sociedad y de los valores que nos toca rescatar y cultivar: La integridad académica, el cuidado de la ética profesional y el estado de Derecho.
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