Por Erick Cornelio Patricio
El derecho a la ciudad se define como aquellas prerrogativas que tienen todas las personas a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y, sobre todo, disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Por otro lado, la resiliencia urbana es aquella cualidad o capacidad con la que cuentan las ciudades para adaptarse a los cambios que se presentan de manera fortuita o de forma anticipada como los de índole ambiental, poblacional o económica.
En México, sobresalen las zonas urbanas, puesto que, de cada 10 habitantes, 7 viven en localidades con poblaciones mayores a 15 mil habitantes. 4,5 mil millones de personas, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Para 2050 se espera que la población urbana alcance los 6,5 mil millones. Existen 384 ciudades en las cuales residen más de 82.6 millones de personas, es decir, el 72.3% de la población mexicana en 2014 (ONU-Hábitat, 2015).
El desarrollo de ciudades y de zonas urbanas lleva consigo el incremento en los riesgos que puedan sufrir las mismas. Claramente, el cambio climático es uno de los problemas con mayor impacto en todo el mundo, lo anterior derivado de la excesiva explotación de recursos, acumulación de gases, mal manejo de contaminantes, entre otros factores.
Ante esto surge la incógnita si en México se garantiza el derecho a la ciudad, o dado el caso, si nos encontramos dentro de un proceso de resiliencia urbana gestionada de manera correcta. En nuestra nación contamos con un gran acervo de obstáculos para alcanzar dicho derecho a la ciudad, como lo es la falta de infraestructura carretera de calidad, la falta de un diseño urbano sostenible, obras públicas dedicadas a satisfacer a los automovilísticas sin incluir a los peatones (o en esencia las personas); aunado a esto, las inundaciones, terremotos, y contaminación generan mayores dificultades para un asentamiento urbano sostenibles y democrático.
Contamos con dos actores principales para los retos de la resiliencia urbana para alcanzar la ciudad: los gobiernos locales y la ciudadanía. Es fundamental desarrollar indicadores que permitan visualizar los avances ante la resiliencia urbana en los ámbitos de gobierno, transporte, servicios públicos, medio ambiente, aspectos sociales, infraestructura básica, economía y entorno construido. Así como la creación de una red de ciudades resilientes que puedan compartir información, casos de éxito, tecnología, recursos humanos y materiales.
Estas alternativas de prevención, atención y supervisión sólo podrán completarse con la participación política en la definición, ejecución, seguimiento y formulación de presupuestos de las políticas urbanas y la ordenación del territorio con el objetivo de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión de la diversidad de los habitantes y de sus organizaciones.
Es tiempo de construir una ciudad incluyente y sostenible para todas los habitantes, y será posible únicamente con el compromiso ciudadano mediante procesos de propuesta, participación, monitoreo y desarrollo de alternativas necesarias para lograr el derecho a la ciudad.
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